Extractivismo minero en medio de la pandemia: la nueva amenaza para las comunidades étnicas.

La pandemia originada por el Covid-19 alrededor del mundo, exteriorizó a gran escala las necesidades básicas insatisfechas de muchas poblaciones; obligando a los gobiernos a dirigir los esfuerzos no solo a la contención del virus, también a la búsqueda de formas de desarrollo de la economía después de ser gravemente afecta.  Estas formas de desarrollo, en Colombia se han dirigido a la reactivación y profundización de la economía extractivista, asunto que impacta a las comunidades étnicas, quienes resultaron aún más vulnerables en medio de la contingencia. Esta dimensión de protección de derechos de grupos étnico-raciales ha sido poco analizada, mientras las acciones de gobierno por adelantar explotación minera en los territorios se afirman cada día más, sin contemplar la participación efectiva de los grupos ni la protección de sus derechos humanos.   

Como lo mencionamos, justamente la reactivación económica de los países se ha formulado, entre otras, a partir del extractivismo; en consecuencia, las medidas adoptadas por el Estado colombiano para acelerar los proyectos de inversión plantearon iniciativas como el uso de herramientas de las tecnologías y la comunicación para la realización de consultas previas virtuales, así como la ejecución de procedimientos abreviados para la consecución de licencias ambientales.  

Con la intención de analizar la amenaza a los derechos humanos y la consulta previa de las comunidades étnicas, se abordarán los proyectos de impulso de reactivación de la economía con ocasión al Covid-19, precisamente en las zonas con mayor concentración de población afrodescendiente e indígena, desde la explotación minera. 

Se debe iniciar por entender que para el gobierno nacional el sector minero representa una pieza clave en la reactivación y repotenciación económica del país. En efecto, las medidas en materia minera propenden por dar viabilidad a los proyectos de gran “escala”, priorizando aquellos que están en fase de licenciamiento en aras de ponderar la producción de metales; pues según declaraciones del ministro de Minas y Energías, se debe diversificar la matriz para no depender tanto del carbón1.  

Así, bajo la premisa de jalonar las economías de las zonas donde se adelantan la extracción, se permite que empresas que tienen proyectos de explotación de oro y cobre, lideren las iniciativas de actividad minera. No resulta extraño que las medidas en materia de extracción para las comunidades étnicas se eludan en procesos de formalización, en razón a que una de las mayores preocupaciones para la reactivación de la economía con ocasión del Covid-19 son los beneficios que genera al país el pago de impuestos o regalías y contemplar la consulta previa y las actividades de socialización, implicaría trabas para el “objetivo nacional”:  

Evidentemente la agenda actual del sector extractivista no reconoce los procesos artesanales que han sido desarrollados desde hace mucho por los mismos habitantes de las comunidades, más si sugiere optar por una minería formal ajustada a estándares tecnológicos. Con en el Documento CONPES 37622 se establecieron lineamientos para la identificación y priorización de proyectos como los mineros en dos líneas de acciones que colegían la participación social y dialogo con las comunidades, de un lado le correspondía al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y la ANLA fijar los requisitos, procedimientos y plazos para dar trámite a las audiencias públicas de licencias ambientales a la luz del Decreto Reglamentario 330 de 2007; en segundo lugar, se optaría por simplificar y unificar los trámites de expedición de la certificación de presencia de comunidades. 

Sin embargo, el documento CONPES 40233 del 11 de febrero de 2021 por el cual se aprobó la política para la reactivación y recuperación de la economía en Colombia, en relación con la consulta previa solamente menciona el fortalecimiento de los procesos en la reducción de los tiempos de respuestas de la Dirección en las diferentes etapas de la consulta; mientras que en línea de transformación digital se destaca el proceso de radicación de solicitudes judiciales de restitución de tierras por medio de la demanda electrónica.  

Ahora bien, la preocupación por la baja participación del valor agregado extranjero en las exportaciones brutas reviste tal importancia que se señala como política de acción promover la internacionalización de la economía, a su vez que se busca disponer de más y mejor información sobre el potencial del subsuelo del país para mejorar los procesos de áreas estratégicas mineras y atraer así inversión nacional y extranjera. Empero, estas intenciones pueden traer consecuencias catastróficas para los grupos étnicos, porque al ser medidas netamente económicas desconocen los impactos a perpetuidad y las cicatrices a los territorios.  

No se puede desconocer en este punto, que lo anterior, se analiza en medio de una pandemia que ha generado unos impactos diferenciales e interseccionales sobre los derechos económicos, sociales y culturales de grupos históricamente discriminados. Por ello, las medidas para enfrentarla, tanto económicas como sociales deben incorporar de manera prioritaria la protección de los derechos de las comunidades más vulnerables. Empero, esto no ha sucedido bajo las pretensiones de reactivación económica de Colombia4, debido a que, pese a que la actividad minera significa que actores externos deben tener contacto con comunidades aisladas, sin sistemas de salud adecuados para responder a los contagios, esta se encontraba incluida en las actividades permitidas dentro de la priorización para poder funcionar.  

Pasar de la renta petrolera a la renta minera por la caída de los precios de hidrocarburos, ha hecho que los decretos dados en medio de la pandemia busquen disminuir los impuestos al sector, flexibilizar la normatividad ambiental y reducir la participación comunitaria. Por ejemplo, la circular presidencial 2020-29-DMI-100 del 27 de marzo de 2020, pretendía autorizar el uso de medios virtuales para la consulta previa sin tener en cuenta la opinión de los grupos étnicos y desconociendo que el acceso a internet en el caso de los territorios de resguardos indígenas, comunidades negras y rurales es limitado. Apenas el 9.4% de los hogares tienen acceso a computadores u otros medios electrónicos, y solo el 16,2% cuenta con conexión a internet5. La pregunta es ¿en qué medida se puede garantizar una participación efectiva en estas condiciones? Aquí habría que aclarar que dicha circular fue derogada por el Ministerio del Interior, sin embargo, no quita las omisiones en las que incurrió el Estado.  

Son ocho los proyectos que perfila Colombia desarrollar para convertirse en un importante productor de cobre, de los cuales cuatro de ellos se encuentran en el departamento del Chocó: El Roble, Volador, Mandé Norte y el Carmen. Esta zona del país que cuenta con más del 80% de su población afro y con uno de los mayores índices de pobreza multidimensional del país, no encuentra en estos proyectos más que amenazas a sus propios medios de producción y sostenimiento, sumado al daño ambiental ineludible. Lo acotado, también es resultado de la presión de la Asociación Colombiana de Mineros bajo el argumento de que capturar la inversión reducida de los recursos mineros, garantizará el desarrollo del país y su competitividad a nivel internacional, frente a países latinoamericanos que en medio de la pandemia también han adoptado esta forma de reactivación economica, tales como Chile y Perú6. Otra de las vías de esta reactivación ha sido el oro, en la que el potencial aurífero se enfoca principalmente en departamentos de concentración de población afrodescendientes e indígena, en la que de los cinco primeros departamentos que mayor potencial aporta, Antioquía es primero con 34%, Chocó el tercero con un 12%, Putumayo con 5% y Caldas y Cauca con un 4%7.  

Lo anterior es muestra de que los procesos de reconocimiento y defensa de los derechos territoriales se pone en tela de juicio, incluso en los escenarios donde más precauciones se debe tener. Se suponía que existía un consenso sobre la oportunidad que la pandemia traería para una transformación economica hacia modelos más sostenibles, no obstante, la pandemia no ha interrumpido ni los procesos de invasión ni la violencia de agentes empresariales en medio de los aislamientos y el contexto de vulnerabilidad. Distintos organismos internacionales han advertido esta situación, como lo hizo la Comisión Interamericana (CIDH) en su momento, instando a los gobiernos para que suspendieran la concesión de permisos de los proyectos mineros o cualquier variedad de emprendimiento de explotación de recursos naturales, pero los países han optado por la globalización extractivista8. 

 De la misma manera se ha manifestado el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre las comunidades étnicas, previendo algo inimaginable para el ansia de crecimiento económico a mitad de una crisis mundial, y era establecer una moratoria para todas las industrias madereras y extractivas que operaran en las proximidades de las comunidades, ya que era imposible mantener este ejercicio si queremos garantizar los derechos humanos9. Un caso especial donde estas recomendaciones adquirieron la cara de una vulneración palpable, fueron las declaraciones del experto de la ONU David Boyd, al alertar que la continuación de la actividad de explotación de carbón en el cerrejón en la Guajira en medio de la pandemia, estaba afectado concretamente a la población indígena Wayuu, porque la contaminación del aire y los cuerpos de agua, de por sí escasos en la región, exponía a la muerte prematura por COVID a la población y le negaba condiciones básicas como el saneamiento, medidas esenciales para evitar la propagación del virus10.  

La recuperación economica del país es necesaria, en eso no hay ningún tipo de argumento en contrario, sin embargo se debe evaluar el costo de este enfoque adoptado a través de la explotación minera impulsada por medidas basadas en números y recursos monetarios, obviando los costos que estas acciones traerían para los grupos históricamente discriminados y marginados, aislados en los cinturones de pobreza que paradójicamente también están en las zonas ricas en recursos naturales, que es el principal interés de las empresas y el gobierno, con el fin de generar ingresos. La agilización de tramites ambientales y las menores garantías a los procesos de participación de las comunidades étnicas, pone en peligro no solo el ambiente, también el tejido social, la identidad étnico-cultural, los derechos territoriales y la vida de las poblaciones, quienes además deben sufrir las consecuencias de la discriminación estructural.  

La pandemia ha afectado a todo el país y la desigualdades e inequidades se hicieron más prominentes con el pasar de la emergencia social, economica y sanitaria, por lo que sería bastante incoherente pretender que las medidas de recuperación sean contrarias al bienestar de las comunidades étnicas y vulneradoras de derechos humanos. Propender por un crecimiento insostenible a largo plazo en la que las voces de los pueblos de especial protección no sean tomadas en cuenta, no es más que la repetición de patrones y un gran retroceso para las pocas garantías que tenían las comunidades étnico-raciales.  

A pesar de la existencia de un Plan Nacional de Acción sobre Derechos Humanos y Empresas en Colombia, la participación efectiva de la sociedad civil no cuenta aún con una política acordada, es momento de que las empresas asuman la función social que les corresponde; que la acción del Estado sea coherente con los preceptos de Derechos Humanos; que haya una mayor incorporación a nivel de políticas con enfoque territorial y con aplicación de la debida diligencia, pero sobre todo que el marco de respuestas de las necesidades económicas cree un escenario propicio para las comunidades por encima de las empresas.  

El llamado es a transformar la cultura empresarial; entonces, la prioridad del Estado no puede ser atraer flujo de inversionistas ni los Derechos Humanos deben plantearse como un incentivo económico para las empresas11, la reactivación económica a raíz del Covid-19 apremia el fortalecimiento de los planes de vida de las comunidades étnicas. 

Bibliografía 

1.Portafolio [en línea) [fecha de consulta: 20 de febrero de 2021]. Disponible en: https://www.portafolio.co/economia/mineria-en-colombia-con-ocho-proyectos-el-pais-buscara-pelar-todo-el-cobre-548003 

 

2. CONSEJO NACIONAL DE POLÍTICA ECONÓMICA Y SOCIAL. Documento 4023: política para la reactivación, la repotenciación y el crecimiento sostenible e incluyente: nuevo compromiso por el futuro de Colombia. [En línea] Febrero de 2021. [Fecha de consulta 21 febrero 2021] Disponible en: https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Conpes/Econ%C3%B3micos/4023.pdf  

 

3. CONSEJO NACIONAL DE POLÍTICA ECONÓMICA Y SOCIAL. Documento 3762: lineamientos de política para el desarrollo de proyectos de interés nacional y estratégicos-PINES. [En línea]  Agosto de 2013. [Fecha de consulta 21 febrero 2021] Disponible en: https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Conpes/Econ%C3%B3micos/3762.pdf 

 

4.NATURAL RESOURCE GOVERNANCE INSTITUTE. ¿Una nueva carrera hacia el fondo? Desafíos de gobernanza para el sector minero en América Latina en tiempos de COVID-19 [En línea] Junio de 2020. [Fecha de consulta 21 febrero 2021] Disponible en: https://resourcegovernance.org/sites/default/files/documents/desafios_de_gobernanza_minera_covid-19_-_documento_de_trabajo.pdf  

 

5.FOREST PEOPLES PROGRAMME. Retrocesos en los Tiempos del Covid-19. [En línea] Febrero 2021. [Fecha de consulta 20 febrero 2021] Disponible en: https://www.forestpeoples.org/es/rolling-back-safeguards/colombia  

 

6.MONJE, Carlos. El coronavirus y los minerales en América Latina: no hay razón para políticas de carrera hacia el fondo. [En línea] Agosto 2020. [Fecha de consulta 28 febrero 2021] Disponible en: https://resourcegovernance.org/sites/default/files/documents/el_coronavirus_y_los_minerales_en_america_latina-_no_hay_razon_para_politicas_de_carrera_hacia_el_fondo.pdf  

 

7.OXFAM INTERNACIONAL. Evitar el etnocidio. Pueblos indígenas y derechos territoriales en crisis frente a la COVID-19 en América Latina Evitar el etnocidio. [En línea] Julio 2020. [Fecha de consulta 21 febrero 2021] Disponible: https://www.oxfam.org/es/informes/evitar-el-etnocidio-pueblos-indigenas-y-derechos-territoriales-en-crisis-frente-la-covid  

 

8.DEFENSORIA DEL PUEBLO. Informe defensorial.  Garantía y Protección del Derecho Fundamental a la Consulta Previa y el Consentimiento Libre, Previo e Informado de los Pueblos y Comunidades Étnicas en Colombia. [En línea] Agosto 2020. [Fecha de consulta 21 febrero 2021] Disponible en: https://www.defensoria.gov.co/attachment/3374/Informe%20Defensorial%20Derecho%20a%20Consulta%20Previa_%281%29.pdf?g_show_in_browser=1  

 

9.ONU. Experto de la ONU pide cesar las actividades de la mina El Cerrejón en Colombia. Noticias ONU: [En línea] Septiembre 2020. [Fecha de consulta 22 febrero 2021] Disponible en:  https://news.un.org/es/story/2020/09/1481412 

 

10.TOLE MARTINEZ, J. El primer país no europeo en implementar el Plan Nacional de Acción sobre Derechos Humanos y empresas: avances, críticas y retos para Colombia. En TOLE MARTINEZ (editor) Desafíos para la regulación de los Derechos Humanos y empresas: ¿Cómo lograr proteger, respetar y remediar? Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 2019, pp. 209-245. ISBN 978-958-790-197-9.